redacción/En Circulos
Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva en el proceso penal que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunto contrabando de hidrocarburos mediante ferrotanques. La medida legal frenó la apertura del juicio oral, aunque no modifica la medida cautelar de prisión domiciliaria bajo la que se encuentra en Ensenada.
La resolución fue emitida el pasado 29 de octubre por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dentro del juicio de amparo 1085/2026.
Verónica Ruffo, hija del exmandatario, confirmó que el alcance de este amparo detiene de forma definitiva la fase de juicio oral en tanto no se resuelva el fondo del amparo. Precisó que la investigación sigue por la vía ordinaria y que el periodo para el desahogo y presentación de pruebas vence en enero próximo.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró a través de un comunicado que la suspensión no concluye la causa penal. La institución puntualizó que la medida solo frena momentáneamente el procedimiento al concluir la etapa intermedia, manteniendo firme la acusación por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Detención, acusaciones y origen del caso
Ruffo Appel fue arrestado el 16 de julio y vinculado a proceso una semana después por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Tras pasar dos meses y medio en el penal de alta seguridad del Altiplano, le fue concedida la prisión domiciliaria el 26 de septiembre por motivos de edad y estado de salud, trasladándolo a su domicilio en Ensenada.
La FGR sostiene que la empresa Ingemar —donde el exgobernador posee el 49% de las acciones— registró movimientos bancarios millonarios no congruentes con su perfil fiscal. Según la indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Ruffo es señalado como un presunto coordinador de las operaciones de importación de combustible.
La postura de la defensa y señalamientos a la operación
En declaraciones recientes, el exgobernador rechazó las acusaciones de la fiscalía, argumentando que su papel en Ingemar se limitaba al de accionista y consejero, sin intervención en la operativa diaria.
Selección de la comercializadora: Ruffo indicó que la firma Crismón Hidrocarburos y Derivados fue elegida por su socio, José Merino Valdés Cuervo, basándose en una lista de opciones provista por la Secretaría de Energía (Sener) durante la gestión de Miguel Ángel Maciel Torres, a donde acudieron tras notar anomalías e interés sospechoso de terceros al obtener el permiso de importación.
Anomalías en el volumen transportado: Reveló que le generó dudas que las órdenes de compra de Crismón eran de solo 10,000 litros por pedimento, a pesar de que se utilizaban camiones y ferrotanques con capacidad de hasta 112,000 litros. La explicación que recibió de su socio fue que se trataba de una logística para mantener en movimiento más de 150 tanques rentados a la empresa ferroviaria Kansas City Southern.
Fallas en el control aduanal: Ruffo cuestionó que las cargas recibieran sistemáticamente «semáforo verde» en las aduanas mexicanas, a pesar de que el Manifiesto Único Ferroviario (MUF) debía reflejar las discrepancias de volumen entre lo declarado y lo transportado.
Suministro de combustible: Mencionó además que en las copias del expediente al que tuvo acceso se menciona de manera recurrente a la refinería Deer Park como uno de los principales orígenes del hidrocarburo, aunque Ingemar no contrataba directamente con refinerías.
El exmandatario sostuvo que sus sospechas sobre estas operaciones lo llevaron a intentar vender sus acciones, lo cual no se concretó debido al derecho de preferencia de la sociedad. Reiteró que en la investigación no existen elementos ni documentos firmados por él que prueben que coordinó las operaciones comerciales de la empresa.
