Redacción/En Circulos
Nueva York.- Casi 25 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y tras más de dos décadas de reclusión en la base militar de Guantánamo, Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el principal gestor del plan, sigue sin recibir una sentencia definitiva. Aunque un tribunal fijó la fecha de su juicio militar para junio de 2028, especialistas en el ámbito legal ven improbable que el proceso llegue a concretarse.
El estancamiento del proceso judicial responde a los siguientes factores de la causa:
Efectos de la tortura en las pruebas: Tras su aprehensión en Pakistán en 2003, Mohammed fue sometido por años a interrogatorios clandestinos mediante técnicas violentas como el ahogamiento simulado (waterboarding). Un magistrado militar determinó recientemente que las confesiones obtenidas por el FBI en 2007 no poseen validez jurídica por estar viciadas por apremios ilegales, resolución que la fiscalía optó por no apelar para evitar mayores postergaciones.
Procesos fallidos y giros políticos: Las alternativas para procesar al acusado han colapsado sucesivamente. El intento de trasladar el caso a un fuero civil en Nueva York se descartó por motivos de seguridad, mientras que la negociación de un acuerdo de culpabilidad alcanzado en 2024 —que evadiría la pena de muerte a cambio de presidio perpetuo— fue revocada de forma definitiva el año pasado.
Parálisis institucional: Defensores de derechos humanos y juristas señalan que la injerencia política y la falta de responsabilidad institucional por los abusos cometidos durante los custodia del detenido terminaron por entrampar el caso en un laberinto legal de difícil resolución.
