Cae amparo a Grupo Pryse: operaba en el Tren Maya pese a ligas con red de huachicol y tráfico de armas

Redacción/En Circulos

El Grupo de Seguridad Privada Pryse perdió la protección judicial que le permitía competir por adjudicaciones federales, tras confirmarse la revocación del amparo que frenaba sus inhabilitaciones administrativas. La empresa, que acumula 12 mil 928 millones de pesos en contratos durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha quedado inhabilitada formalmente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con la investigación periodística presentada por Víctor Hugo Arteaga (Xpectro FM) en Aristegui en Vivo, Pryse participaba en alianzas estratégicas para acaparar contrataciones de alta cuantía. Entre sus principales acuerdos destaca la adjudicación conjunta con Servicios Integrales Valbón para brindar seguridad en el Tren Maya. Valbón figura en el expediente 928/2024 de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se le investiga por tráfico de armamento, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y facturación falsa, causa en la que es señalado como presunto inversionista Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo.

Arteaga expuso que el modus operandi del sector consiste en el uso de «tándems», donde corporaciones con permisos vigentes de uso de armas se consorcian con firmas carentes de autorizaciones para evadir requisitos en licitaciones públicas. Asimismo, identificó que cinco grupos empresariales concentran el 80% del presupuesto federal de vigilancia subrogada (unos 43 mil millones de pesos).

La indagatoria también expuso inconsistencias en la estructura corporativa de Pryse, cuya accionista mayoritaria es Silvia Muciño Negrete, una mujer de 90 años. El periodista documentó que el domicilio legal de la empresaria en Jiutepec, Morelos, corresponde a una vivienda popular cuyos inquilinos y vecinos declararon no conocerla. Tras la publicación del reporte y el fallo del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ninguna dependencia federal, estatal o municipal podrá adjudicar contratos a las empresas señaladas cuando existan fondos presupuestales involucrados.