Redacción/En Circulos
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como ‘El Capitán Sol’, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEMDO, le imputara el delito de delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos, bajo la modalidad de ocultamiento y con la agravante de servidor público. El capitán de corbeta retirado permanecerá recluso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en espera de que el próximo jueves 8 de octubre continúe su audiencia inicial y se resuelva su situación jurídica.
La detención de Solano Ruiz se concretó el pasado viernes en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Según la Causa Penal 325/2025, el exmarino es identificado como el articulador externo de una red dedicada al contrabando de combustible, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y defraudación fiscal equiparada, operando en los puertos de Tampico, Manzanillo, Veracruz y Ensenada. La organización ingresaba buques tanque con diésel ilícito declarándolo como aditivos para aceites lubricantes para evadir el pago de impuestos, además de ser investigado por presuntamente facilitar el tráfico de fentanilo en sociedad con el civil Iván Merino.
El expediente señala que, a pesar de no contar con un cargo activo en la Armada ni en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ‘El Capitán Sol’ gestionaba la designación y rotación de mandos aduanales —presuntamente alineados en áreas de supervisión marítima e inteligencia naval— en complicidad con el capitán Clímaco Aldape Utrera y bajo el argumento de contar con la venia de los almirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Informes de la FGR y el testimonio del colaborador clave «Santo» revelan entregas semanales de 500 mil pesos a Aldape Utrera, bonos mensuales a titulares de aduanas y el reparto de hasta 1.75 millones de pesos en efectivo por cada buque descargado en Tampico, puerto donde ordenó mantener operaciones a inicios de 2025 pese al escrutinio público. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó en el imputado gastos suntuarios e inmuebles por más de 9 millones de pesos no justificados con sus ingresos.
